EL PAÍS - Cultura - 31-05-2007
*Pelis como el Laberinto del Fauno del mexicano, Guillermo del Toro, han resultado beneficiadas con ese porcentaje de las televisoras
Ya no hay vuelta atrás. Tras meses de fuertes discusiones, enfrentamientos y retrasos, el Consejo de Ministros ha decidido estudiar en la reunión de mañana el proyecto de ley de cine, presentado por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, a finales del año pasado y origen de un profundo conflicto entre los distintos sectores afectados, principalmente productores y televisiones. El texto se enviará al Congreso de los Diputados por el procedimiento de urgencia para que se apruebe antes de fin de año.El anteproyecto de ley, que ha estado los dos últimos meses sobre la mesa de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo y consenso entre las partes, incluirá, según fuentes de Moncloa, la obligación por parte de las televisiones de invertir el 5% de sus ingresos anuales en la producción de obras cinematográficas.
Éste ha sido el talón de Aquiles del documento presentado por Carmen Calvo y el que ha desatado la principal batalla entre el Gobierno y los operadores de televisión y entre éstos y los productores. Las televisiones transigen de momento con esta obligación, confiadas en que el Tribunal de Luxemburgo atienda el requerimiento trasladado por el Supremo, que duda sobre la legalidad de las ayudas de la televisión al cine.
Esperan ganar este pleito judicial de 1999, que no se resolverá, probablemente, hasta dentro de un año y medio, aunque el Gobierno está convencido de todo lo contrario. Por eso han admitido la obligación de invertir ese 5% de sus ingresos brutos anuales en la industria cinematográfica. Sobre lo que no han transigido y el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás es en la intención inicial de Cultura de incrementar ese porcentaje hasta el 6%. El texto que apruebe mañana el Gobierno no incluirá tampoco la posibilidad, apuntada en estos meses como una salida a los enfrentamientos, de que esas inversiones fueran decididas libremente entre los operadores y los productores a través de un mecanismo de autorregulación.
Con la aprobación del Consejo de Ministros se cumple la promesa de Calvo de dotar al sector de un marco estable en esta legislatura, compromiso que a punto ha estado de fracasar. La primera lectura del texto se realizó en el Consejo de Ministros del pasado 23 de marzo y, ante el enconamiento de las partes en conflicto, se decidió desactivarlo momentáneamente.
La intervención de Fernández de la Vega ha sido clave para desbloquear un articulado que parecía difícil de consensuar. El procedimiento de urgencia, que acorta los plazos de tramitación parlamentaria, hará posible que la ley del cine vea la luz antes de fin de año.
Aunque en las relaciones entre las partes implicadas se han vivido momentos duros, nunca se ha dejado de negociar. Productores, operadores de televisión, exhibidores y distribuidores han mantenido abierta la vía del diálogo para intentar consensuar una ley que tiene como objetivo fortalecer la estructura empresarial del sector audiovisual.
Los grandes beneficiados de la reforma diseñada por Cultura son, inicialmente, los productores independientes. Entre 1999 y 2006, las televisiones han invertido cerca de 800 millones de euros y han financiado títulos de éxito, sobre todo en el último año, como El laberinto del fauno, Alatistre o Los Borgia.
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Éste ha sido el talón de Aquiles del documento presentado por Carmen Calvo y el que ha desatado la principal batalla entre el Gobierno y los operadores de televisión y entre éstos y los productores. Las televisiones transigen de momento con esta obligación, confiadas en que el Tribunal de Luxemburgo atienda el requerimiento trasladado por el Supremo, que duda sobre la legalidad de las ayudas de la televisión al cine.
Esperan ganar este pleito judicial de 1999, que no se resolverá, probablemente, hasta dentro de un año y medio, aunque el Gobierno está convencido de todo lo contrario. Por eso han admitido la obligación de invertir ese 5% de sus ingresos brutos anuales en la industria cinematográfica. Sobre lo que no han transigido y el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás es en la intención inicial de Cultura de incrementar ese porcentaje hasta el 6%. El texto que apruebe mañana el Gobierno no incluirá tampoco la posibilidad, apuntada en estos meses como una salida a los enfrentamientos, de que esas inversiones fueran decididas libremente entre los operadores y los productores a través de un mecanismo de autorregulación.
Con la aprobación del Consejo de Ministros se cumple la promesa de Calvo de dotar al sector de un marco estable en esta legislatura, compromiso que a punto ha estado de fracasar. La primera lectura del texto se realizó en el Consejo de Ministros del pasado 23 de marzo y, ante el enconamiento de las partes en conflicto, se decidió desactivarlo momentáneamente.
La intervención de Fernández de la Vega ha sido clave para desbloquear un articulado que parecía difícil de consensuar. El procedimiento de urgencia, que acorta los plazos de tramitación parlamentaria, hará posible que la ley del cine vea la luz antes de fin de año.
Aunque en las relaciones entre las partes implicadas se han vivido momentos duros, nunca se ha dejado de negociar. Productores, operadores de televisión, exhibidores y distribuidores han mantenido abierta la vía del diálogo para intentar consensuar una ley que tiene como objetivo fortalecer la estructura empresarial del sector audiovisual.
Los grandes beneficiados de la reforma diseñada por Cultura son, inicialmente, los productores independientes. Entre 1999 y 2006, las televisiones han invertido cerca de 800 millones de euros y han financiado títulos de éxito, sobre todo en el último año, como El laberinto del fauno, Alatistre o Los Borgia.
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